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Colombia ha sufrido durante años inseguridad de índole social, administrativa, tecnológica, entre otras, lo que ha generado serias problemáticas que se han salido del control de los entes gubernamentales, encargados de velar por dichas situaciones. Según los pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno a la consagración de la seguridad social, esta se establece como un derecho fundamental, universal e integral para todos los ciudadanos (Duque et al., 2017). De ahí que es de vital importancia generar estrategias que permitan controlar y mejorar las problemáticas en torno a la inseguridad de distinta naturaleza.