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El auge de la educación inclusiva en los últimos tiempos se ha visto reflejada en los datos que muestra el Ministerio de Educación Nacional, que en el 2010 mostró la situación de la educación en Colombia, se estimó que el 90 % de los niños y niñas con discapacidad no estaban integrados en el sistema escolar, además de otros datos desalentadores, relacionados con otras condiciones como el desplazamiento forzado de la población infantil y juvenil, por lo cual se hizo necesario tomar medidas para ofrecer una mejor educación, respondiendo al derecho a la educación; sin embargo, aún persiste otra razón, a pesar de existir una normatividad colombiana (Decreto 1421 de 2017) que protege el derecho a la educación, donde se establece la regularidad en la educación para todos, sin importar las condiciones de discapacidad, de desplazamiento o cualquier otra causa, es la actitud de los docentes, instituciones, padres de familia y comunidad educativa que no favorece los cambios o ajustes curriculares (Carrillo, et al, 2018), o quizás no tener iniciativas de aprender y ofrecer una práctica pedagógica ajustada a los lenguajes que transmiten conocimiento, como es el caso de las personas sordas o invidentes.De acuerdo con Echeita (2017), la educación inclusiva “es una meta que quiere ayudar a transformar los sistemas educativos para que todo el alumnado, sin restricciones (…), tenga oportunidades equiparables y de calidad para el desarrollo pleno de su personalidad”(pp. 17-18), sin embargo, son convicciones que llegan a pocos, porque está relacionada con los recursos que tiene el sistema, incluido el personal docente, para poder afrontar el proceso de transformación que obliga la educación inclusiva, los cuales son insuficientes para lograr un docente mejor calificado, tener un equipo profesional de apoyo, o adaptar todos los recursos para la práctica pedagógica.